Se cuestiona a Goldcorp en reunión de accionistas, manifestantes afirman que las malas prácticas de la empresa crean “zonas tóxicas”

protesta-contra-goldcorpDurante su asamblea general, Goldcorp fue acosada a preguntas sobre sus precedentes en cuanto a violaciones ambientales, de derechos humanos y de salud en toda Latinoamérica. Entre las y los ciudadanos preocupados que cuestionaron a Goldcorp se encontraba Susana Caxaj, investigadora sobre temas de la salud que trabaja con comunidades afectadas por la Mina Marlin de Goldcorp. “Las comunidades están muy preocupadas por su salud, están frustradas de que no se tomen en serio sus preocupaciones,” explicó. Como muchas otras personas, Caxaj exige que Goldcorp asuma la responsabilidad por los daños a la salud que se han observado en las comunidades en cercanía a las operaciones de la empresa.

Estas demandas se articulan 10 meses después del Tribunal Popular Internacional de Salud, un foro público en el cual comunidades cercanas a operaciones mineras en México, Guatemala, y Honduras condenaron las actividades de Goldcorp en toda Mesoamérica, acusando a la empresa de causar contaminación ambiental así como una variedad de problemas de salud. Goldcorp fue declarada culpable por un panel internacional compuesto de destacadas/os miembros de la academia, profesionales de la salud, abogadas/os, y economistas – incluyendo a Robert Goodland, ex-asesor del Banco Mundial. El tribunal declaró que las actividades de la empresa en estas comunidades son “seriamente perjudiciales para la salud y la calidad de vida, la calidad del medio ambiente, y el derecho de libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.” Según informes del doctor Juan Almendarez basados en el Valle de Siria, Honduras, donde Goldcorp operó la Mina San Martín hasta 2010, las actividades de Goldcorp están vinculadas a una variedad de problemas de salud. Relató que: “Nuestros propios estudios clínicos efectuados en comunidades afectadas por la mina de oro de Goldcorp en los últimos diez años dan cuenta de problemas severos de la piel y de pérdida de cabello, de las vías respiratorias, del sistema nervioso y de los ojos – los cuales se explican por la contaminación por metales pesados que son peligrosos para la salud de la presente y futura generación.”

En 2010, una evaluación de derechos humanos que comisionó Goldcorp recomendó varios cambios en las prácticas corporativas, incluyendo la mejora del monitoreo del agua, mayor transparencia, divulgación de información, y respeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio establece el derecho al consentimiento libre, previo, e informado de comunidades indígenas. A pesar de haberse comprometido de manera pública a cumplir con estas recomendaciones, Goldcorp se encuentra involucrada en una polémica en Santa Rosa, Guatemala, generada por Tahoe Resources – empresa en la cual Goldcorp controla 40% de los intereses – y su mina en San Rafael las Flores. Esta mina ha sido rechazada de manera contundente por medio de varias consultas populares; sin embargo, Goldcorp sigue adelante con el proyecto. Pobladoras/es del lugar se han manifestado de manera pacífica en la entrada de la mina y se han enfrentado a disparos y secuestros, resultando en una víctima mortal y varias/os heridas/os. Abogadas/os que están apoyando el caso también han sufrido allanamientos e intimidación. Las/os pobladores culpan a las fuerzas de seguridad de la mina. El estado de excepción declarado por el gobierno de Guatemala en los municipios aledaños es indicativo del nivel de conflicto que existe en la región.

Con pancartas con frases como “GoldCorp zona tóxica” unos 40 activistas se mantuvieron afuera del hotel Trump Towers en Toronto, Canadá, donde se llevó a cabo la asamblea general. Maggie Flynn, artista y activista local, comentó: “No se pueden ocultar estos abusos a los derechos humanos, estos daños a la salud y al medio ambiente. Estamos aquí para hacerles saber a la/os accionistas y al público en general que mientras que Goldcorp siga operando con impunidad, continuará dejando un legado tóxico de violencia y dolor.” Maudilia López, residente de San Miguel Ixtahuacán, donde opera la Mina Marlin de Goldcorp, añadió: “No estamos de acuerdo con la manera en que la empresa está utilizando nuestras comunidades para sus propios intereses, tampoco estamos de acuerdo con la contaminación, no sólo del agua, sino también, al final, con la violencia en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Queremos que las/os accionistas sepan que el dinero daña al pueblo. Perjudica nuestra cultura, nuestra vida, y los valores del pueblo.”

 

Fuente: Mining Injustice Solidarity Network