Mineras al acecho de los pueblos indígenas

Por Al-Dabi Olvera

marcha-indigena-peru“A raíz de la conquista bajaron a los territorios y se quedaron en las haciendas, y los pueblos indígenas tuvieron que subir a los cerros y páramos inhóspitos“, dice el indígena kichwa Carlos Pérez Guartambel.

“Para nuestra mala suerte, ahí están las fuentes de biodiversidad; en el Ecuador está el oro, el cobre y la plata”, añade.

Pérez Guartambel –dirigente de Ecuarunari (Ecuador RunakunapakRikcharimuy o Confederación Indígena del Ecuador), organización central de los indígenas kichwa fundada en 1972– comenta que en su país existen cinco proyectos mineros llamados “estrella” por el gobierno de Rafael Correa.

De ellos, tres se localizan en la Amazonía y afectan a territorios indígenas shwar, ashwar y kichwa. Los otros dos están en la zona Interandina del sur del país, que provocarán daños a comunidades kichwa. Sin embargo, 90% de los territorios indígenas del Ecuador pueden ser afectados por este modelo extractivo.

“Estos proyectos son los que abren la puerta a la megaminería. Hay decenas de proyectos en mente y ya están en exploración avanzada”, dice Pérez Guartambel.

Desde 2002 los pueblos kichwas se enfrentan al proyecto Quimsacocha, de las mineras Iamgold e INV Metales, en Páramo, cerca de la ciudad de Cuenca. En este lugar hay un sistema lacustre con humedales y es la vertiente de tres ríos. Dos caen en el Amazonas y uno en el Pacífico.

“Ahí tomamos agua, regadíos. Esta agua va a la Ciudad de Cuenca. Pensaban hacerlo a cielo abierto”, apunta.

Desde que comenzaron a oponerse, los indígenas lograron la reducción del número de hectáreas del proyecto (12500 a 3100) y que no se haga a cielo abierto. Sin embargo, opinan que las vertientes de agua también son subterráneas y pueden contaminar.

Las empresas y el gobierno intentaron de muchas formas hacerse con los favores de la población. Pérez Guartambel acusa a la empresa de engaño y cooptación con dinero. Incluso la minera quiso llevar a 20 dirigentes indígenas en un viaje todo pagado a Canadá, “para mostrar las bondades de la minería”.

Subraya: “Como no nos dejamos, hicimos tapar vías, marchas, mítines, protestas”.

Comenzó lo que Pérez Guartambel llama un “ataque sistemático” contra los pueblos mediante represión judicial y penal. En total, entre 2007 y 2012 han tenido 200 personas detenidas. El propio Pérez ha sido tres veces detenido. En 2009 con un operativo de 40 policías. Luego en 2010 y el pasado 21 de marzo, cuando pasó ocho días en la cárcel por el cierre de la vía en la parroquia en Tarqui, Cuenca.

Primero se le acusó de “sabotaje y terrorismo”. Después la pena se redujo a “interrupción de servicios públicos y cierre de vías”. Finalmente las cortes indicaron que su defensa del agua era justa y bajaron la pena a ocho días.

Para Pérez Guartambel, habrá diferencia ideológica, pero no en la práctica de los gobiernos en América Latina cuando se trata de extraer minerales:

“El discurso oficial tiene una suprema hipocresía. Se supone que Ecuador tiene una Constitución verde, protege los derechos de la naturaleza, es plurinacional e intercultural, en prácticas es lo contrario, su discurso no deja de ser vacío y contradictorio”.

Opina que este modelo extractivo rebasa fronteras ideológicas y que no hay diferencia entre gobiernos “de derecha”, como los de México, Perú y Colombia, y los “de izquierda”, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, “e incluso Uruguay”. Denuncia además que con cabildeo y negociaciones con los partidos políticos no han obtenido nada.

“Todos los gobiernos están sometidos ante el poder de las transnacionales. Necesitan del extractivismo para tener recursos y permanecer en el poder”, denuncia Pérez Guartambel, a quien el propio presidente ecuatoriano Rafael Correa ha acusado en repetidas ocasiones de no ser indígena y ser financiado desde el extranjero.

Sin embargo, piensa que han tenido éxito sus esfuerzos como pueblos, pues en 2008 debía iniciar la minería y hoy lleva ocho años parada, con tácticas como consultas comunitarias, ejerciendo en sus poblaciones instituciones tradicionales.

“Nosotros creemos que la riqueza debe estar al servicio de la vida respetando la naturaleza. El horizonte debe ser de reciprocidad hacia la Pachamama (madre tierra)”, opina.

 

Contradicción cosmogónica

“Nosotros tenemos preocupación por la sostenibilidad de nuestras formas naturales y ancestrales de ver la naturaleza”, dice el indígena popti/q’anjobal.

“Hay un problema cosmogónico e ideológico: Nosotros acá, la mayoría de nuestros pueblos, tenemos esos principios que no somos dueños de la naturaleza, sino más bien un elemento más”.

Francisco Rocael es miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, parte del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente. Denuncia que desde 1997, con la promulgación de la nueva Ley de Minería, empezaron a concesionarse los territorios de los pueblos indígenas en Guatemala, violando de manera sistemática el derecho a la consulta, el derecho a la información previa y el consentimiento, consagrados en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Hasta el momento hay más de 150 licencias aprobadas en Guatemala, pero hay 150 más aproximadamente en trámite. Las más grandes son el proyecto Escobal en el municipio de San Rafael, territorio indígena xinca, a cargo de la minera canadiense Tahoe Resources; el proyecto Cerro Blanco, que tiene afectación en El Salvador, Honduras y Guatemala, y el proyecto Marlin.

Marlin está a 50 km de Huehuetenango. Pertenece a Montaña Exploradora, subsidiaria de la empresa canadiense Gold Corp. La mina fue concesionada desde 1999 por el gobierno guatemalteco y afecta a varios pueblos mayas, pero principalmente el territorio mam y parte del territorio sikapakense.

La mina Marlin ha causado problemas de salud en la piel. Niñas y niños nacen con problemas de deformaciones. Movimientos telúricos han llegado a tirar casas. Desde 2011 la Comisión Pastoral Paz y Ecología (Copae) de la Diócesis de San Marcos ha realizado informes donde denuncia altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y, sobre todo, arsénico en el agua, así como nitratos en los ríos Quivichil y Tzalá.

“Vemos esto como un contraste con la forma colectiva y comunitaria, cómo los pueblos han de alguna manera contribuido para la protección y sostenibilidad de los bosques comunales, de los bienes naturales en general”, cuenta Rocael.

Y denuncia que el gobierno y la mina han generado provocaciones para justificar el uso de la fuerza. Se ha implementado la división en los pueblos mediante partidos políticos, que rompe con la dinámica de las comunidades enfrentando a vecinos y familias. Han comprado autoridades comunitarias y aumentado el flujo de trabajadores trayendo cantinas y centros de prostitución, señala.

Las personas que se oponen a estos megaproyectos han sufrido represión. Alberto Rotondo, agente de seguridad de la mina en San Rafael, ordenó a sus guardias reprimir a un grupo que se manifestaba pacíficamente afuera de la propiedad de la empresa, en abril de 2013. Hubo seis heridos, dos de gravedad.

Los opositores a la minería también han sufrido persecución legal. Hoy, denuncia Rocael, hay más de 40 detenidos y 20 perseguidos judicialmente en distintos pueblos del país.

Incluso hubo denuncias por violaciones en enero de 2007, durante el desalojo de indígenas q’echi y hasta el asesinato del líder indígena Adolfo IchXamán en 2009. Los q’echi se oponían al proyecto minero Fenix en El Estor de la canadiense Hudbay Minerals.

Recientemente, el 9 de julio de 2013, fue asesinato Santos Fidel AjauSuret cuando regresaba de participar en una sentada contra el proyecto minero El Tambor, en La Puya.

Rocael explica que antes de llegar a los países, las mineras hacen mapeos para detectar aliados, en ocasiones del crimen organizado o exmilitares y paramilitares de la época del conflicto armado, y empresas subsidiarias de seguridad privada. Incluso alerta sobre una posible futura Fuerza Especial Anti Disturbios militarizada en Huehuetenango.

“Se aprovechan de la pobreza de nuestros pueblos y presentan a la minería como la salvación del desempleo, de la pobreza que hay en nuestros territorios”, denuncia.

En 2010 el gobierno de Guatemala intentó presentar un reglamento de consulta sin participación de los pueblos que tendrían que ser consultados. El reglamento fue echado abajo por un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Igualmente intentaron hacer lo mismo contra la Ley de Minería, pero no lo lograron.

Desde 2011 existe un debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para interponer medidas cautelares a 16 comunidades mayas por los efectos de la mina Marlin.

Desde entonces, los pueblos han realizado marchas, bloqueos, audiencias, memoriales, denuncias públicas legales, nacionales e internacionales, y alianzas con otros movimientos.

Rocael explica que su principal arma es lo que llaman la “Consulta de Buena Fe”, basada en asambleas de participación social y toma de decisiones indígenas que son tradicionales en los pueblos, en algunos casos con el apoyo de presidentes municipales, en otros casos con papeletas y en algunas regiones a mano alzada.

A nivel nacional han tenido más de 80 consultas con hasta 90% de participación ciudadana. La propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala avaló en diciembre de 2013 la consulta del pueblo de Mataquescuintla contra la mina San Rafael, indicando que las consultas son necesarias para que la población indique de qué manera les afecta la minería.

“Hemos estado también batallando a nivel jurídico, para que en Guatemala se reconozca el derecho a la consulta”, dice Rocael.

Y opina: “Creemos nosotros que es una gran contradicción con este modelo extractivo que prácticamente extermina su sostenibilidad y también su propia reproducción”.

 

Red de todo el continente

Se extrajo más oro de México durante la década de gobierno del Partido Acción Nacional que durante los 300 años de dominio colonial español. Este dato de la edición especial del diario La Joranda en 2011 (Minera: 500 años de saqueo) da una proporción de las concesiones y de lo que implica el modelo minero. Algo que no ha bajado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien durante lo que va de su gobierno otorgó ya 644 nuevos títulos.

Todo esto mientras en México también se asesina a líderes indígenas como Mariano Abarca, opositor a la mina de la canadiense Balckfire en Chicomuselo, Chiapas, en 2009.

De acuerdo con Jennifer Moore, de la organización canadiense MiningWatch, surgida desde movimientos obreros, indígenas y ecologistas del Canadá para vigilar la minería dentro y fuera de su país, en toda América Latina es lo mismo.

“La mega minería en América Latina, especialmente la canadiense, se instaló a raíz de la reforma de los códigos mineros en los noventa”.

Explica que las políticas y tratados de libre comercio en la década de los noventa facilitaron la inversión privada extranjera y la compra de tierras de propiedad colectiva y la invasión de territorios indígenas blindados todavía en algunos países como México por el manejo comunal.

En México, 17% del territorio nacional está concesionado a mineras, en Perú la cifra alcanza 20%. Cuando se mira la distribución de estos territorios, se ve que en su mayoría son indígenas, pues 50% del total de las concesiones está en su territorio, de acuerdo con datos de Mining Watch.

Según Moore, los países de mayor inversión son los que tienen más trayectoria: México, Perú, Chile y Brasil. Sin embargo, se están tratando de abrir en Argentina, Colombia y Ecuador. En términos relativos, Moore asevera que es pequeña la minería en Guatemala, Honduras, Ecuador y Costa Rica, pero los impactos no han sido menores. Actualmente, los gobiernos de El Salvador y Costa Rica enfrentan demandas de mineras por 300 millones y 94 millones, respectivamente, por cancelar proyectos mineros.

“Están tratando de abrirlo de una manera neocolonial. Van a destruir sus fuentes de agua, leche, lo agrícola”, dice Moore. “Atacarán otros modos de vida que dependen de la integridad de sus fuentes de agua y de la tierra”.

Subraya: “Va a dejar mucha destrucción, va a afectar terriblemente su posibilidad de ejercer sus formas y visión del desarrollo.

“Ante esto, un rasgo en muchos países es que los pueblos se están organizando cada vez más con anticipación, antes de la llegada siquiera de la empresa, durante la concesión, pues una vez instalada tienen tanto poder político y económico encima que resulta más difícil”.

En el continente se han formado redes como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). En Sudamérica ya hay reuniones entre los pueblos andinos de Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Los próximo 15 y 16 de marzo, indígenas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Canadá y México se reunirán en Zautla, Puebla, para compartir experiencias de defensa de sus tierras ante la minería.

Esto porque se conoció en 2013 que la Sierra Norte de Puebla, habitada por nahuas y totonacas, tiene cerca de 90 concesiones mineras otorgadas durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Es un escenario negro, difícil, donde lo que va a determinar la posibilidad de éxito desde los pueblos es la fuerza de sus procesos de organización”, dice Moore. “Los pueblos son impresionantes cuando se organizan y van a seguir organizándose y teniendo éxitos en algunos lugares”.

Hace tan solo un mes, el M4 se reunió en Colima, México, y lanzó una carta dirigida a Barack Obama, Stephen Harper y Enrique Peña Nieto, en el contexto de su reunión en la cumbre de Líderes de América del Norte en Toluca. La carta termina así:

“Les exigimos se abstengan de defender los intereses de las grandes corporaciones mineras y se centren en que los pueblos tengan total garantía del estado de derecho y se respeten los derechos humanos que los gobiernos han ratificado en instrumentos internacionales. Mientras tanto, los pueblos seguiremos en resistencia contra sus políticas depredadoras que violentan la vida”.

Fuente: Revista Proceso